La construcción de un sistema de justicia más incluyente, sensible a la diversidad y comprometido con la protección de los derechos humanos fue el eje del conversatorio “Justicia con Orgullo”, organizado por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), donde el magistrado Juan Jaime González Varas, presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, participó como ponente.
Durante el encuentro, González Varas destacó que los avances legislativos en materia de derechos de las personas LGBTI+ deben reflejarse en la práctica cotidiana de los tribunales. Señaló que la impartición de justicia requiere una visión que trascienda la aplicación estricta de la norma para reconocer la dignidad de cada persona y responder a las distintas realidades sociales.
El magistrado planteó la necesidad de avanzar hacia un “constitucionalismo empático”, en el que las resoluciones judiciales incorporen una perspectiva de derechos humanos que permita escuchar y comprender las experiencias de quienes históricamente han enfrentado discriminación, fortaleciendo así el acceso a una justicia igualitaria.
El conversatorio fue encabezado por la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y contó con la participación de los magistrados Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar, integrantes del Pleno del Tribunal, quienes respaldaron la importancia de impulsar espacios de reflexión sobre inclusión, igualdad y no discriminación. La moderación estuvo a cargo de la magistrada Indira Isabel García Pérez, quien subrayó que la inclusión constituye una responsabilidad institucional y un compromiso permanente del Poder Judicial.
En la mesa también participó Adolfo Francisco Voorduin Frappe, presidente de Circuito de la Diversidad Sexual, quien destacó la importancia de fortalecer la capacitación de las personas juzgadoras en materia de orientación sexual, identidad y expresión de género, con el propósito de consolidar una justicia libre de prejuicios y barreras discriminatorias.
Las y los participantes coincidieron en que el reto del Poder Judicial no sólo consiste en reconocer derechos en el marco normativo, sino en garantizar que éstos se traduzcan en un trato digno, igualitario y respetuoso para todas las personas, consolidando instituciones más cercanas a la ciudadanía y comprometidas con la protección efectiva de los derechos humanos.
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