Por: Juan Jaime González Varas

Como toda opinión crítica, esta empieza con un disclaimer: no es una columna contra nadie. Al contrario, deseo —como todo México, o eso espero— que lleguen los mejores perfiles a los cargos del Poder Judicial. Conozco a varias personas candidatas: grandes amistades cuya vocación, fuerza y compromiso profesional me constan. Pero reconocer lo valioso no puede anular el pensamiento crítico. Porque si dejamos de cuestionar, renunciamos también a mejorar. Y mejorar siempre es posible.

Hace tiempo escribí un artículo de opinión denominado “Elecciones judiciales y la ciencia de salir del paso”. Ahí describe cómo llegamos, no a una transformación estructurada, sino a una improvisación constitucional. Hoy, a escasos días de esta inédita elección judicial, todo apunta a que cruzamos un punto de no retorno: el de múltiples deficiencias que no pudieron ser solventadas. Son las siguientes:

Uno. Campañas atrapadas en la burbuja. La promoción del proceso se quedó encerrada en la burbuja de las propias candidaturas. Las únicas voces que realmente impulsaron el voto fueron quienes aspiraban a ser electas. Y no tenían de otra. “Este primero de junio, vota, vota, vota”, se escucha incluso entre quienes han criticado abiertamente el sistema. Se convirtió en una paradoja incómoda: personas candidatas promoviendo el voto para sostener su propia candidatura.

En redes sociales abundan las fotos sonrientes y las frases de esperanza. Pero en las calles, los volantes no se reciben. La indiferencia crece. En términos llanos, teníamos candidatas pidiendo votar por otras candidaturas. Y eso bastaría para cuestionar si el proceso está verdaderamente generando agencia democrática o apenas reproduciendo una ficción de participación.

Dos. Campañas imposibles y sabiduría sin tiempo. Hacer campaña nunca fue una opción real para muchas personas candidatas. No con los tiempos, los medios ni los recursos disponibles. Los márgenes temporales eran demasiado breves para que la ciudadanía pudiera siquiera comprender la complejidad del proceso. Las elecciones más comprensibles —ministras y ministros, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina— son la excepción. El verdadero laberinto está en la elección de jueces y magistraturas: cientos de nombres, competencias diferenciadas, distritos diversos, sin pedagogía cívica que los explique.

La ciudadanía no es ingenua, el pueblo sí es sabio. Pero como recuerda Amartya Sen, la libertad no consiste solo en tener opciones, sino en tener capacidades reales para ejercerlas. ¿Cómo puede hablarse de participación efectiva si no se ofreció ni tiempo ni herramientas para comprender lo que estaba en juego? En un video reciente simulé una votación informada en la CDMX: solo para dedicar cinco minutos a revisar cada candidatura, se requerirían más de 16 horas de análisis. Y eso sin contar los cargos locales.

La sabiduría popular sí existe, pero toda sabiduría necesita tiempo. Y el proceso no dio margen para formarla.

Tres. La ilusión del voto juzgador. Poco a poco, la narrativa pública de que votar por personas juzgadoras fortalecería la democracia se va desmoronando. Las boletas son confusas, inaccesibles para personas con discapacidad, incomprensibles para muchos. No todas las personas pueden votar: quedan excluidas las que están en prisión, en el extranjero, o en situación de tránsito. Y la paradoja se agrava cuando se descubre que ni siquiera todas las personas votan por todos los jueces. Hay jueces federales con competencia en toda la CDMX que solo serán votados por habitantes de ciertas alcaldías. ¿Dónde quedó el principio democrático de universalidad?

El resultado previsible es una participación mínima. Y, con ella, la legitimidad del proceso queda seriamente comprometida. Como advertía Carlos Santiago Nino, la democracia no se agota en el acto de votar, sino que se legitima a través de la deliberación pública razonada. Aquí no hubo deliberación, ni condiciones para que ocurriera.

Cuatro. La elección ya es estructural. En un contexto tan confuso, es claro que la elección será estructural: definida desde estructuras de poder, no desde una ciudadanía informada. Hace unos días, alguien repartía frente a la Corte boletas prellenadas a modo de acordeón, asegurando que esos eran los “perfiles idóneos”. No se trata de cuestionar si lo son o no. El problema es que nadie los investigó. Las candidaturas no se hicieron conocidas ni cercanas. Muchas personas irán a votar por confianza, por subordinación o por conveniencia. Así, el voto se desliza de la deliberación a la inercia.

Y en medio de ese panorama, algo más ocurrió: personas juzgadoras que no tenían procesos de investigación en su contra, ni acusaciones, ni sanciones, fueron separadas de su cargo para dar paso a esta nueva etapa. La promesa era encontrar mejores perfiles. Pero ¿realmente se les encontró? Algunas de esas personas representaban décadas de vocación judicial. Otras, al menos, no estaban marcadas por la corrupción o el descrédito. Fueron apartadas bajo la lógica de que todo lo viejo era prescindible. Como si las instituciones pudieran rehacerse sin memoria, como si la experiencia acumulada fuera desechable. Sobre eso, escribí también en mi reciente publicación Ecos de la Reforma Judicial: El Rompimiento de la Jerarquía de la Virtud.

Ahí también cabría recordar a Max Weber, pero no desde el cliché. Porque Weber no opone convicción y responsabilidad como si una fuera buena y otra mala. Lo que exige es mesura, temple, la capacidad de articular ideales con responsabilidad objetiva. El político —o el reformador— no puede actuar movido solo por la pureza de sus fines, sino calibrando el efecto de sus decisiones en la vida real. Y esa vida real, en este caso, incluía a quienes ya servían en la judicatura con probidad y compromiso. ¿Cuántas trayectorias valiosas se perdieron sin diagnóstico ni evaluación real?

Cinco. Una reforma sin brújula. Porque la elección se sigue ajustando. Porque al día de hoy se descubrieron candidaturas que no fueron filtradas asociadas con el crimen organizado, no idóneas. Y eso, de las que se saben. Candidaturas que serán evaluadas después de la votación. En medio de una sentencia recién publicada en el Diario Oficial de la Federación que anuncia oficialmente lo que ya se sabia (como lo escribí recientemente en mi otro artículo “No Pronunciaras El Nombre del Poder Judicial en Vano ”): la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre las suspensiones de amparo y la introducción de las candidaturas identificadas como “PJ” en las boletas, solo es una opinión. Y así, más temas que se fueron solucionando sobre la marcha por haber generado un proceso de implementación improvisado.

* * *

Entonces no veo como ocultar el gran fracaso de la implementación de la reforma judicial. Y eso no es culpa ni de la sociedad, ni del INE que hace lo que puede para implementarlo. El fracaso viene de la falta de prudencia y sensatez sobre lo que implicaba un proceso constitucional que requería tiempo y paciencia. Diría mi querido Andrés Obregón, a quien por cierto, tuve la fortuna de ir a su extraordinario concierto hace una semana en la Feria de San Marcos Aguascalientes: “es la verdad, así, sin maquillar”.

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“La virtud es un hábito de libertad. Si somos
libres en cada acto, y cada vez estamos llamados
a elegir entre el bien y el mal, la virtud es lo que
nos permite tener un hábito hacia la elección correcta.” — Papa Francisco I

Por: Juan Jaime González Varas

Llevo algún tiempo reflexionando sobre la cara olvidada del proceso de reforma judicial. Aquella que no se explica desde el Derecho, ni desde la política, ni desde la administración pública. Una dimensión humana, ética, cotidiana. Un campo minado de contradicciones en el que se pone a prueba, más que la constitucionalidad de una reforma —que algunos dan por superada—, lo que sigue vigente es el debate sobre la integridad de quienes participan en ella.

La reciente partida del Papa Francisco I invita a contemplar su legado ético y espiritual. En una de sus catequesis, explicó con claridad y profundidad que la virtud es un hábito de libertad: “Si somos libres en cada acto, y cada vez estamos llamados a elegir entre el bien y el mal, la virtud es lo que nos permite tener un hábito hacia la elección correcta.” Esa afirmación condensa su visión más honda sobre la responsabilidad humana y la ética pública.

Dentro de las virtudes cardinales, la justicia ocupa un lugar central. Y no solo como un concepto jurídico, sino como un valor humano fundamental. Francisco I lo subrayaba: la justicia no se reduce a las salas de los tribunales, sino que debe habitar también en nuestra vida cotidiana. Es una virtud que se expresa en lo grande y en lo pequeño, en nuestras decisiones personales y nuestras relaciones sociales. “La persona justa es recta, sencilla y directa, no usa máscaras, se presenta tal como es, dice la verdad. Las medias verdades, los discursos sutiles que buscan engañar, las reticencias que ocultan las verdaderas intenciones no son actitudes acordes con la justicia” (Catequesis, Audiencia General del 3 de abril de 2024).

Por eso resulta tan paradójico que, en el actual proceso de reforma judicial, algunos de quienes aspiran a construir justicia parezcan tan faltos de libertad. Libertad para decir lo que piensan. Libertad para actuar con coherencia. Libertad para defender sin máscaras la verdad, incluso cuando no les conviene. Y es que, como recordaba el Papa, la virtud es un hábito de la libertad.

He sido testigo de historias encontradas: titulares de órganos jurisdiccionales que declinaron participar por considerar el proceso indigno; otros que, sin experiencia política, se vieron forzados a competir para conservar su vocación; aspirantes que, formando parte de la judicatura, terminaron acercándose a grupos de poder para captar votos clientelares; personas ajenas al Poder Judicial que, con honestidad y claridad sobre sus límites, desean aportar a la justicia; y otras, movidas por el oportunismo político o, peor aún, por una soberbia que les hace creer que sus credenciales académicas bastan para impartir justicia, sin haber dictado jamás una sentencia.

También hay quienes se inscribieron en el proceso para arrebatar lugares a titulares de órganos jurisdiccionales y que justifican su participación en el proceso bajo la bandera de que “es mejor gente preparada” que la que puede llegar, sin reparar en el despojo ético que eso implica. Otros han cargado con el doble de trabajo para cubrir a compañeros en campaña. He visto ex opositores de la reforma que ahora la defienden, bajo la lógica de que es un “hecho consumado”. Académicos que, al convertirse en candidatos, abandonaron la crítica que alguna vez compartieron con sus estudiantes y que hoy sobreponen el interés personal sobre el devenir histórico de las juventudes. Y dentro de la judicatura, voces que se acusan mutuamente: por participar o por abstenerse, por callar o por señalar.

El Poder Judicial comenzó a fracturarse desde dentro. Y su reconstrucción parece desalentadora. La reforma fue el catalizador de una serie de reacciones que sacaron a la superficie pulsiones individuales que nada tienen que ver con el sentido colectivo de la justicia. Lo más alarmante no es solo lo que se ha perdido en términos técnicos, sino el rompimiento de una jerarquía de valores. La justicia, que debería construirse sobre principios compartidos, ha sido sustituida por estrategias individuales. Se ha exaltado la competencia desleal, la desesperanza, la traición, el oportunismo, la mentira. El mérito, el compromiso y el sentido de comunidad se han visto desplazados por una lógica de supervivencia y conveniencia.

En este panorama sombrío, conviene volver a los fundamentos. Aristóteles escribió en su Ética a Nicómaco que la virtud es un hábito que nos dispone a obrar bien, situado en un punto medio entre dos extremos viciosos, y alcanzado por medio de la razón. No es un impulso, ni una disposición pasiva: es una construcción consciente, paciente y racional. Santo Tomás de Aquino, retomando esa tradición clásica, la definió como un hábito operativo bueno, que perfecciona las potencias humanas y nos dirige hacia nuestro fin último. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de formar el carácter para que lo correcto se vuelva natural, habitual, interno.

Ambos pensadores, tan lejanos en el tiempo como cercanos en profundidad, coinciden con el Papa Francisco en que la virtud no es un adorno del alma, sino su columna vertebral. Y en esa columna se sostiene —o se cae— todo proyecto institucional.

El daño que queda no siempre es visible. En muchos casos, lo que ha dejado la reforma judicial es una secuela de violencias no dichas: palabras hirientes entre compañeros, sospechas que deterioran los vínculos, silencios que pesan más que los discursos. Heridas que no aparecen en los expedientes pero que afectan la vida institucional. Cuando el horizonte compartido se rompe, cada quien carga su dolor en soledad. El riesgo es que nos acostumbremos a esa fractura, que dejemos de sentir como colectivo lo que antes nos conmovía como cuerpo.

Yo sigo creyendo que el sentido crítico no debe perderse nunca, porque siempre podemos ser mejores. Pero eso no justifica polarizaciones que se alimentan del resentimiento ni violencias simbólicas que nos alejan del propósito común. Todos llevamos heridas; ningún proceso es lineal. Pero algo es claro: la construcción de un mejor sistema de justicia será colectiva, o no será. Como todo lo que importa verdaderamente en democracia.

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Candidaturas “PJ”: balines disfrazados de institucionalidad
Juan Jaime González Varas

En días recientes circuló una nota periodística que explicaba dos siglas que aparecerán en las boletas de las próximas elecciones judiciales: “PJ” y “EF”. Se presentaban como similares por provenir, aparentemente, del mismo origen: el Poder Judicial. No lo son. Y decirlo así, es profundamente engañoso.

También he escuchado expresiones de personas candidatas que se ostentan como propuestas por los comités de “los tres poderes de la Unión”, como si ello legitimara el proceso. Dicen haber sido postuladas por los comités del Ejecutivo (PE) y del Legislativo (PL), además del Judicial. Eso tampoco es cierto, pues no hay candidaturas propuestas por el comité del Poder Judicial.

El distintivo “EF”: mérito, trayectoria y evaluación

Las candidaturas marcadas como “EF”, es decir, “en funciones”, tratándose de boletas para elegir magistraturas y jueces federales (pues en el caso de ministros y ministras es otro tema), corresponden a personas que ya son personas juzgadoras dictando sentencias e impartiendo justicia, que para ocupar sus cargos, realizaron diversos exámenes que calificaron su idoneidad y vencieron en procesos de selección, previo a la reforma constitucional. Muchas de ellas estaban ya ratificadas, es decir, contaban con garantías de inamovilidad y evaluaciones continuas sobre su desempeño. A estas personas, por virtud de la reforma, se les ofreció participar en el proceso para seguir desempeñándose como juzgadoras. Aparecerán en la boleta como “EF”, en funciones.

Recordando algunos textos de Karina Ansolabehere, específicamente su estudio publicado en Isonomía titulado “Jueces, política y derecho”, la legitimidad del Poder Judicial no depende únicamente de su independencia formal, sino también de cómo la ciudadanía percibe su actuación y su cercanía con las demandas sociales. Esa percepción no es un gesto simbólico: se construye con hechos, trayectoria y trabajo visible. En ese sentido, las personas en funciones ofrecen a la ciudadanía elementos concretos para valorar su desempeño.

El distintivo “PJ”: ficción, atajo y vicio de origen

En palabras simples: el Poder Judicial de la Federación no postuló ninguna candidatura. De hecho, las tuvo por no aprobadas expresamente. El Comité del Poder Judicial de la Federación suspendió sus actividades por orden de jueces de amparo. Posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Electoral intervino (SUP-JDC-8/2025) y, mediante un incidente de cumplimiento, determinó que si la Corte no aprobaba los listados de personas que apenas habían iniciado el proceso, se tendrían por aprobados y serían enviados directamente al INE por el Senado.

La Corte, por su parte, rechazó expresamente los listados del poder judicial, al no alcanzar la votación de ocho integrantes exigida por el artículo segundo transitorio, párrafo tercero, del decreto de la reforma judicial. Y, en días posteriores, calificó la resolución del Tribunal Electoral como una “mera opinión” (Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción XVII del Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 3/2024).

Así fue como estas candidaturas “PJ” por una opinión del Tribunal Electoral se enviaron directamente por el Senado (después de una insaculación pública) al INE, para introducirse en la boleta electoral, sin evaluación alguna. Incluso cuando la propia Constitución preveía que alguno de los poderes podría no enviar postulaciones (artículo 96, fracción III, párrafo segundo). Se trata, en realidad, de candidaturas “balines”, aunque intenten presentarse como del Poder Judicial (PJ).

Un vicio de origen

La lógica que sustenta la legitimidad judicial —la combinación entre experiencia verificable, evaluación técnica y percepción pública construida con hechos— se ve distorsionada cuando, como ocurre con las candidaturas “PJ”, el discurso de legitimidad judicial se construye simbólicamente, trasladando al electorado la responsabilidad de validar lo que institucionalmente no fue avalado. Se engaña así a quienes buscan experiencia —porque se les hace creer que están respaldadas por el Poder Judicial—, y al mismo tiempo se les convierte en blanco de reproches por los problemas históricos del acceso a la justicia. Carnada para promotores y opositores, según sea el caso.

Como planteó Anthony Downs en su obra An Economic Theory of Democracy, las personas electoras actúan racionalmente con la información que tienen a su alcance, lo cual no significa que tomen decisiones plenamente informadas. En contextos donde la señal institucional es ambigua o deliberadamente equívoca, los votantes interpretan símbolos que sustituyen el análisis sustantivo. Etiquetar como “PJ” a quienes no fueron evaluados por el Poder Judicial distorsiona el juicio ciudadano: induce a error, simula respaldo y falsea la deliberación.

Estas candidaturas “PJ” van en contra del texto expreso de la Constitución, pues nadie calificó su idoneidad para el cargo. Sin restar méritos a quienes pudieran tenerlos, lo cierto es que no tuvieron oportunidad de demostrarlo. En otras palabras, no hay una evaluación honesta de sus competencias o capacidades. Llegaron a la boleta por “chispada”. Representan un riesgo porque se inmiscuyeron en el sistema sin respetar el compromiso constitucional de ofrecer a la ciudadanía perfiles precalificados para que pueda elegir entre ellos. Y además, su legitimidad se encuentra cuestionada por estar viciadas de origen.

La paradoja es delicada: se prometió cercanía con la ciudadanía, legitimidad popular y coordinación entre poderes. Pero en el camino, las decisiones institucionales fueron otras. ¿Qué necesidad había de encapricharse con incorporar supuestas candidaturas del Poder Judicial, aun cuando no fueron aprobadas? ¿Qué se pretendía proyectar con ello? ¿Un equilibrio simulado, una legitimación simbólica, una sensación de consenso? Lo cierto es que esas candidaturas no fueron producto del procedimiento previsto. De hecho, productos del azahar sin ninguna evaluación.

Votar o no es una decisión personal, incluso tratándose de quienes llegaron con este vicio en el proceso. Pero conviene tener claridad: PJ no es igual a EF. No hay candidaturas validadas del Poder Judicial (PJ). De hecho, se tuvieron por no aprobadas expresamente. No hay postulaciones por los tres poderes de la Unión, solo por dos de ellos. Y las personas en funciones (EF) que sí forman parte del Poder Judicial ya estaban acreditadas.

Votar y ser votado es un derecho electoral. Pero ejercerlo requiere información verídica. Por favor, no pronunciemos el nombre del Poder Judicial en vano.