Por: Juan Jaime González Varas
Como toda opinión crítica, esta empieza con un disclaimer: no es una columna contra nadie. Al contrario, deseo —como todo México, o eso espero— que lleguen los mejores perfiles a los cargos del Poder Judicial. Conozco a varias personas candidatas: grandes amistades cuya vocación, fuerza y compromiso profesional me constan. Pero reconocer lo valioso no puede anular el pensamiento crítico. Porque si dejamos de cuestionar, renunciamos también a mejorar. Y mejorar siempre es posible.
Hace tiempo escribí un artículo de opinión denominado “Elecciones judiciales y la ciencia de salir del paso”. Ahí describe cómo llegamos, no a una transformación estructurada, sino a una improvisación constitucional. Hoy, a escasos días de esta inédita elección judicial, todo apunta a que cruzamos un punto de no retorno: el de múltiples deficiencias que no pudieron ser solventadas. Son las siguientes:
Uno. Campañas atrapadas en la burbuja. La promoción del proceso se quedó encerrada en la burbuja de las propias candidaturas. Las únicas voces que realmente impulsaron el voto fueron quienes aspiraban a ser electas. Y no tenían de otra. “Este primero de junio, vota, vota, vota”, se escucha incluso entre quienes han criticado abiertamente el sistema. Se convirtió en una paradoja incómoda: personas candidatas promoviendo el voto para sostener su propia candidatura.
En redes sociales abundan las fotos sonrientes y las frases de esperanza. Pero en las calles, los volantes no se reciben. La indiferencia crece. En términos llanos, teníamos candidatas pidiendo votar por otras candidaturas. Y eso bastaría para cuestionar si el proceso está verdaderamente generando agencia democrática o apenas reproduciendo una ficción de participación.
Dos. Campañas imposibles y sabiduría sin tiempo. Hacer campaña nunca fue una opción real para muchas personas candidatas. No con los tiempos, los medios ni los recursos disponibles. Los márgenes temporales eran demasiado breves para que la ciudadanía pudiera siquiera comprender la complejidad del proceso. Las elecciones más comprensibles —ministras y ministros, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina— son la excepción. El verdadero laberinto está en la elección de jueces y magistraturas: cientos de nombres, competencias diferenciadas, distritos diversos, sin pedagogía cívica que los explique.
La ciudadanía no es ingenua, el pueblo sí es sabio. Pero como recuerda Amartya Sen, la libertad no consiste solo en tener opciones, sino en tener capacidades reales para ejercerlas. ¿Cómo puede hablarse de participación efectiva si no se ofreció ni tiempo ni herramientas para comprender lo que estaba en juego? En un video reciente simulé una votación informada en la CDMX: solo para dedicar cinco minutos a revisar cada candidatura, se requerirían más de 16 horas de análisis. Y eso sin contar los cargos locales.
La sabiduría popular sí existe, pero toda sabiduría necesita tiempo. Y el proceso no dio margen para formarla.
Tres. La ilusión del voto juzgador. Poco a poco, la narrativa pública de que votar por personas juzgadoras fortalecería la democracia se va desmoronando. Las boletas son confusas, inaccesibles para personas con discapacidad, incomprensibles para muchos. No todas las personas pueden votar: quedan excluidas las que están en prisión, en el extranjero, o en situación de tránsito. Y la paradoja se agrava cuando se descubre que ni siquiera todas las personas votan por todos los jueces. Hay jueces federales con competencia en toda la CDMX que solo serán votados por habitantes de ciertas alcaldías. ¿Dónde quedó el principio democrático de universalidad?
El resultado previsible es una participación mínima. Y, con ella, la legitimidad del proceso queda seriamente comprometida. Como advertía Carlos Santiago Nino, la democracia no se agota en el acto de votar, sino que se legitima a través de la deliberación pública razonada. Aquí no hubo deliberación, ni condiciones para que ocurriera.
Cuatro. La elección ya es estructural. En un contexto tan confuso, es claro que la elección será estructural: definida desde estructuras de poder, no desde una ciudadanía informada. Hace unos días, alguien repartía frente a la Corte boletas prellenadas a modo de acordeón, asegurando que esos eran los “perfiles idóneos”. No se trata de cuestionar si lo son o no. El problema es que nadie los investigó. Las candidaturas no se hicieron conocidas ni cercanas. Muchas personas irán a votar por confianza, por subordinación o por conveniencia. Así, el voto se desliza de la deliberación a la inercia.
Y en medio de ese panorama, algo más ocurrió: personas juzgadoras que no tenían procesos de investigación en su contra, ni acusaciones, ni sanciones, fueron separadas de su cargo para dar paso a esta nueva etapa. La promesa era encontrar mejores perfiles. Pero ¿realmente se les encontró? Algunas de esas personas representaban décadas de vocación judicial. Otras, al menos, no estaban marcadas por la corrupción o el descrédito. Fueron apartadas bajo la lógica de que todo lo viejo era prescindible. Como si las instituciones pudieran rehacerse sin memoria, como si la experiencia acumulada fuera desechable. Sobre eso, escribí también en mi reciente publicación Ecos de la Reforma Judicial: El Rompimiento de la Jerarquía de la Virtud.
Ahí también cabría recordar a Max Weber, pero no desde el cliché. Porque Weber no opone convicción y responsabilidad como si una fuera buena y otra mala. Lo que exige es mesura, temple, la capacidad de articular ideales con responsabilidad objetiva. El político —o el reformador— no puede actuar movido solo por la pureza de sus fines, sino calibrando el efecto de sus decisiones en la vida real. Y esa vida real, en este caso, incluía a quienes ya servían en la judicatura con probidad y compromiso. ¿Cuántas trayectorias valiosas se perdieron sin diagnóstico ni evaluación real?
Cinco. Una reforma sin brújula. Porque la elección se sigue ajustando. Porque al día de hoy se descubrieron candidaturas que no fueron filtradas asociadas con el crimen organizado, no idóneas. Y eso, de las que se saben. Candidaturas que serán evaluadas después de la votación. En medio de una sentencia recién publicada en el Diario Oficial de la Federación que anuncia oficialmente lo que ya se sabia (como lo escribí recientemente en mi otro artículo “No Pronunciaras El Nombre del Poder Judicial en Vano ”): la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre las suspensiones de amparo y la introducción de las candidaturas identificadas como “PJ” en las boletas, solo es una opinión. Y así, más temas que se fueron solucionando sobre la marcha por haber generado un proceso de implementación improvisado.
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Entonces no veo como ocultar el gran fracaso de la implementación de la reforma judicial. Y eso no es culpa ni de la sociedad, ni del INE que hace lo que puede para implementarlo. El fracaso viene de la falta de prudencia y sensatez sobre lo que implicaba un proceso constitucional que requería tiempo y paciencia. Diría mi querido Andrés Obregón, a quien por cierto, tuve la fortuna de ir a su extraordinario concierto hace una semana en la Feria de San Marcos Aguascalientes: “es la verdad, así, sin maquillar”.
